domingo, 7 de enero de 2018

A través de la Defensoría del Pueblo la comunidad de San Martín de los Andes pide más espacios, compromiso e inversión en las infancias y adolescencias de la ciudad

Más presupuesto, más espacios, el fortalecimiento de los grupos de trabajo y el compromiso real de articulación con las organizaciones sociales para cumplir la Ley Provincial 2302, de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes neuquinos, así como la continuidad y profundización de programas de prevención. Estos son algunos de los puntos de un profundo diagnóstico presentado a través de la Defensoría del Pueblo y el Ambiente mediante una nota dirigida a la Intendente Municipal, Brunilda Rebolledo, con copia al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Ciudadanía, al Consejo Provincial de Educación y a la Secretaría de Desarrollo Social.

En la nota presentada esta semana y firmada junto a la Defensoría del Pueblo por la Red(h)onda, la Mesa Política de Participación Infantil (MePPI), el Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia(Co.Co.NAF), la Red de Infancias y la Defensoría de los Derechos del Niño de nuestra circunscripción judicial, se manifiesta una “alarma por lo que entendemos es una pérdida recurrente y progresiva de espacios para las infancias y adolescencias, tanto en el plano material como institucional. A la par se revela una pérdida de sustentabilidad de las ONGs dedicadas a la atención de estas problemáticas, como imprescindibles y virtuosos complementos de las responsabilidades indelegables del Estado”.

En la misiva se destaca la “Necesidad de revisar el Convenio con el Gobierno Provincial para la aplicación de la Ley 2302: las quejas son recurrentes en materia de disposición de recursos, lo que entendemos genera la necesidad de revisar los alcances presupuestarios del vínculo. Pero, a la par, las instituciones firmantes perciben la necesidad de considerar el fortalecimiento de equipos y de la situación y condiciones del recurso humano, siempre con la mirada puesta en la función de defensa de los derechos que surge de la aplicación de la ley 2302”. También se hace necesaria una mayor participación del Ejecutivo Municipal en los espacios de articulación, redes y consejos, con compromiso y valoración real de la articulación en beneficio de las infancias y adolescencias locales.

En cuanto a espacios y programas, la “necesidad de priorizar las gestiones para la finalización de obras del Gimnasio de Chacra 2, y que prime principalmente en el caso del Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Cordones del Chapelco un sentido comunitario de uso y administración. También es importante volcar aportes y apoyo de gestión al Proyecto ASER y dar continuidad Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), como recuperar el Programa “3er. Tiempo”. Asimismo, dotar de infraestructura y recursos al Co.Co.NAF. para su funcionamiento pleno, conforme lo manda la Ordenanza 4947/03. También se considera necesario incrementar la planta y fortalecer el Equipo de Asesoramiento, Orientación de Instituciones Educativas dependiente del CPE”.

Como se deja escrito, “el listado precedente no se agota en sí mismo, y antes bien es revelador de una destacable masa crítica de operadores sociales y profesionales sobreexigidos en las instituciones públicas y en las organizaciones civiles, con escasa respuesta de aquellos responsables del poder de decisión sobre la asignación de recursos. Y son estos mismos operadores los que permanentemente llaman la atención sobre la falta de espacios físicos y simbólicos adecuados, que propicien el encuentro, el juego, la palabra. El desarrollo personal y de una comunidad, los requiere”.

Sobre temas presupuestarios dice: “Desde luego, no desconocemos las limitaciones de recursos públicos, pero también advertimos que la referencia a tal situación no puede convertirse en una suerte de letanía, que termine por naturalizar el retiro del Estado, cuando no su completa ausencia. Y en ello englobamos tanto al Municipio como a la Provincia en sus respectivas potestades y en aquellas obligaciones que les sean concurrentes. En ese mismo sentido, decimos que no es esta una enumeración de pasiva queja, sino que constituyen observaciones con sentido proactivo, que al tiempo de listar las carencias apuntan a fortalecer el trabajo conjunto. Es una demanda, sí, pero también es un renovado compromiso de seguir trabajando, a poco que los gobiernos asuman las acciones pendientes”.